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El amparo es un medio de defensa constitucional que protege sus derechos frente a actos de autoridad arbitrarios, ilegales o desproporcionados. Procede, por ejemplo, contra órdenes de aprehensión, sentencias, multas, embargos, detenciones u omisiones de autoridad. Cada caso debe analizarse con precisión técnica para determinar el momento procesal y la vía adecuada.
Requiere estudio personalizado. No todo acto es reclamable por amparo, y un mal planteamiento puede cerrarle puertas.
Ser citado como imputado implica que existe una investigación penal dirigida en su contra. En esa etapa aún no hay una acusación formal, pero ya hay un riesgo legal real. Es crucial asistir con defensa particular desde el primer contacto con la autoridad para evitar errores que comprometan su libertad o patrimonio.
Actuar sin estrategia en esta fase puede ser más costoso que cualquier condena.
Se requiere acreditar la existencia de un hecho ilícito, la afectación emocional o reputacional sufrida, y el vínculo entre ambos. No basta con alegar un sentimiento: debe probarse de forma razonable y jurídica. Cada caso demanda una valoración cuidadosa del contexto, las pruebas y la persona afectada.
La clave no es qué siente usted, sino cómo se demuestra jurídicamente.
Cuando una autoridad actúa sin fundamento legal, se extralimita, omite resolver, impone medidas desproporcionadas o le afecta sin haberle escuchado, puede estar violando sus derechos. Sin embargo, esto debe valorarse conforme al marco legal aplicable, no solo a la percepción personal.
No todo lo injusto es ilegal. Pero si lo es, debe probarse técnicamente.
Primero, revisar su póliza y las cláusulas aplicables. Después, analizar si la negativa se basa en una interpretación errónea, en dolo o en una omisión de cobertura. Puede proceder una reclamación judicial, incluso por daño moral si hubo afectación injustificada.
Negar el pago no siempre es ilegal, pero en muchos casos sí lo es. Déjelo en manos expertas.
Sí, mediante la figura de responsabilidad patrimonial del Estado, siempre que se acredite que un servidor público actuó con negligencia o falló en su deber, provocando un daño directo. Esto aplica en servicios médicos deficientes, omisiones de seguridad pública, e incluso en contra del Ministerio Público.
El Estado también responde por sus errores. Pero debe probarse con rigor.
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